La investigación
revela que se registran variaciones presupuestarias significativas en el
programa de servicios de salud colectiva, en la actividad de salud materno
infantil, así como en la remodelación de los hospitales José María Cabral y
Báez y de Nisibón.
SANTIAGO.- La
Fundación Solidaridad, entidad socia del International Budget Partnership,
realizó la presentación del informe “Credibilidad Presupuestaria: El Caso del
Sector Salud en República Dominicana” entendiendo esta como la capacidad de los
gobiernos para cumplir con precisión y consistencia sus metas de gastos e
ingresos.
La iniciativa se
desarrolló en el marco del proyecto “Abordando la Credibilidad Presupuestaria”
que impulsa el International Budget Partnership (IBP) para profundizar la
comprensión global de la naturaleza del desafío de credibilidad presupuestaria,
con un enfoque particular en comprender cuándo, dónde y por qué la misma es un
problema, qué tan bien las desviaciones presupuestarias están justificadas y
explicadas por los gobiernos, y cuáles son sus implicaciones para la asignación
de recursos y el desempeño en sectores prioritarios.
Los organizadores
de la iniciativa explicaron que la finalidad del encuentro fue presentar los
hallazgos en los desafíos de la credibilidad del presupuesto en República
Dominicana, proponer recomendaciones, incentivar el debate y sensibilizar la
ciudadanía sobre la importancia del tema.
El director
ejecutivo de Fundación Solidaridad, Juan Castillo, manifestó que los
presupuestos gubernamentales están en el centro del desarrollo y son la
herramienta del gobierno para satisfacer las necesidades de su gente,
especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El Estudio fue
presentado por Laura Castillo y Katia Lambis, investigadoras de Fundación
Solidaridad, quienes expusieron sobre los principales hallazgos y
recomendaciones para República Dominicana.
De acuerdo con
Laura Castillo, existe un patrón consistente en el que el presupuesto para los
Servicios de Salud Colectiva se incrementa durante el año, pero se subejecuta
cuando se compara el presupuesto devengado contra el presupuesto reformulado.
Por ejemplo, en 2015, el presupuesto aprobado se incrementó de2 mil
cuatrocientos a 3 mil doscientos millones de pesos, pero solo se gastaron2 mil
quinientos millones de pesos.
Sin embargo, las
razones evidenciadas en documentos y las proporcionadas por funcionarios fueron
inadecuadas porque no explican por qué la actividad de servicios materno
infantil, específicamente, se ha subejecutado ni explican la variación en la
ejecución de las actividades dentro del programa de Servicios de Salud
Colectiva.
Respecto a los
casos de los hospitales José María Cabral y Báez y de Nisibón, Katia Lambis
indicó quede acuerdo con los presupuestos aprobados durante los años 2014-2019
para la remodelación de los mismos, se evidencian variaciones presupuestarias
significativas sin que se hayan podido obtener justificaciones oficiales del
porqué de las mismas.
Los casos citados
evidencian problemáticas de tipo social y de falta de transparencia. Las
intervenciones que se ejecutan en los centros de salud han demandado de un
largo tiempo, restringiendo la prestación de servicios y provocando en la
población usuaria, generalmente de escasos recursos, la necesidad de acudir a
otros centros públicos o privados incrementando los costos de salud y/o
limitando el seguimiento de sus casos.
Si bien la OISOE
indicó que los retrasos de las obras se deben a los resultados de los estudios
de vulnerabilidad estructural realizados, no se pudo acceder a dichos estudios
para constatar las alegadas justificaciones.
Adalberto Grullón,
representante de la Alianza por el Derecho a la Salud, realizó comentarios al
informe y reflexionó sobre el actual estado del sector salud en República
Dominicana, resaltando que los diferentes organismos internacionales y la
Constitución Dominicana establecen que la salud es un derecho fundamental, pero
que este es un derecho denegado para la mayoría de la población dominicana, ya
que estamos ante una crisis del modelo sanitario. Resaltó que el Estado está
invirtiendo apenas un 1.8% del PIB en salud, a pesar de que en la Estrategia
Nacional de Desarrollo está contemplado el incremento sustancial del
presupuesto en salud de manera escalonada hasta llegar a 4% del PIB para 2020 y
a un del 5% PIB para 2030.
Las investigadoras
resaltaron que el problema de la credibilidad debe abordarse mediante una mayor
visibilidad y compromiso con la supervisión y el público.
Esta actividad se
realizó en coordinación con el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL)
y la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) dentro del marco del Diálogo
sobre Política Públicas, un espacio permanente de debate sobre temas de
actualidad, relacionados con el desarrollo de la República Dominicana.
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